El Estudio de Evasión Fiscal Global, realizado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), por encargo del SAT, revela que la evasión fiscal le cuesta a México alrededor de $510,000 millones de pesos, particularmente en rubros como el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado y combustibles (robo de hidrocarburos).

Prácticamente, todos los niveles de gobierno -federal, estatal y municipal- se enfrentan a esta problemática. Y cada uno, apoyado por la secretaría o departamento de Finanzas, recurre a distintos mecanismos para elevar la recaudación, identificar a los evasores, contener los fraudes fiscales y hacer transparente la administración de los ingresos.

Es cada vez mayor el número de organizaciones oficiales que incorporan a sus operaciones herramientas de detección y prevención de fraudes, basadas en tecnología analítica, estrategia que forma parte de su proceso de transformación gubernamental.

Este cambio apunta hacia tres objetivos específicos: el aumento de la tasa de recaudación, el desarrollo de ciudades inteligentes, y evitar el robo interno de información sensible.

En el primer rubro destaca la aplicación de la inteligencia fiscal, la cual utiliza el análisis de grandes volúmenes de datos para cruzar información que permita identificar a los contribuyentes, a los beneficiarios del gasto y detectar la informalidad.

Su principal ventaja radica en clasificar a cada tipo de contribuyente en tres principales grupos:

• Son los ciudadanos y empresas que están al corriente con la presentación de sus obligaciones fiscales.
• Buscan a toda costa evitar el pago de impuestos.
• Si bien hacen sus contribuciones, declaran montos menores.

Soportada por soluciones de analítica avanzada, gestión de datos, fraudes y seguridad, entre otras, la inteligencia fiscal lleva el trabajo de las organizaciones de finanzas gubernamentales a un nuevo nivel, desde el cual son capaces de diseñar políticas recaudatorias efectivas.

Específicamente, pueden hacer un perfil preciso de cada contribuyente a partir del análisis de su comportamiento pasado y presente, lo que les da también una visión amplia de cómo se conducirán en el futuro.

Asimismo, les proporciona todas las variables para predecir con mayor certeza el monto de los ingresos que obtendrán en los siguientes periodos. Esto les permite planear la distribución del gasto público para financiar proyectos que beneficien a los ciudadanos.

Otra de sus ventajas es dar seguimiento cercano a las prácticas de evasión y elusión por parte de las personas físicas y morales. Finalmente, y no por eso menos importante, se establece una plataforma de visualización y análisis para una mejor toma de decisiones.

Estos no han sido obstáculos para aprovechar el potencial de las tecnologías analíticas de empresas como SAS, así como de innovaciones que incluyen a Big Data, la Inteligencia Artificial (IA) y el Machine Learning (ML); en su conjunto, han fortalecido la evolución de la inteligencia fiscal.

Han abierto, al mismo tiempo, canales de comunicación con otras áreas y unidades de gobierno -incluso con bancos y empresas privadas- más allá de las fronteras estatales y globales. Esta capacidad ha sacado a la luz vínculos que evidencian potenciales fraudes, los cuales pueden detenerse en sus primeras etapas.

Por su parte, gracias a la inteligencia fiscal los ciudadanos tienen una mejor percepción del uso que se le da a sus impuestos: mejores servicios públicos, una infraestructura crítica más confiable, rendición de cuentas transparente y mejores programas sociales, entre otros.