Desde el pasado 1 de enero del 2023, en Guatemala entró en vigor la resolución JM-47-2022 de la Junta Monetaria. Esta, explicaron expertos, constituye el nuevo reglamento para la Administración del Riesgo de Crédito que las entidades financieras reguladas deberán utilizar en el país.

Específicamente, el objetivo principal de esta resolución en sus títulos I y IV es, actualizar el marco regulatorio en Guatemala para la administración del riesgo de crédito y la valuación, clasificación y estimaciones de reservas o provisiones de los activos crediticios bajo una base prospectiva de estimaciones de pérdidas esperadas que tienen en su balance los bancos y empresas del mismo grupo financiero.

También, la resolución establece el gobierno corporativo y las políticas a seguir para la administración del riesgo de crédito y se incorporan disposiciones con especial atención a la valuación clasificación y, en su caso, alineación de activos crediticios de deudores mayores; adicionalmente de aquellos de refinanciamiento y reestructuración, entre otros elementos.  Y sin dejar por fuera lo relativo a las reservas o provisiones dinámicas y, las pruebas de tensión de riesgo de crédito que consideran factores de riesgo y variables de diferentes ámbitos y que puedan afectar dichos activos.

Pero, ante su entrada en vigor, ¿cuáles pueden ser los principales retos que podrían tener las entidades financieras reguladas para su implementación?

De acuerdo con Luis Barrientos, experto en Dominio de Riesgo de SAS Latinoamérica, SAS número 1 en el mercado de analítica avanzada y predictiva según IDC durante los últimos 28 años, entre los principales retos para las entidades financieras guatemaltecas, es el tema de datos. Esto porque la normativa solicita información que, a hoy, normalmente no se solicita a los clientes cuando se les otorga un crédito, o que no la tenían disponible en su Core Bancario. Esto les implica tener que realizar movimientos en donde deben solicitar nueva información a los clientes y actualizarla con cierta periodicidad.

Un segundo reto para las entidades financieras es que estos cálculos no se deben sostener en hojas de Excel, porque se debe contemplar la integralidad, en términos de los riesgos asociados del negocio bancario, incluyendo en esta gestión del riesgo crediticio, las propias pruebas de tensión que son consistentes con los demás riesgos como los de mercado, operativo y liquidez. También es importante que la implementación se realice de manera gradual, para permitir que los bancos se adapten a los nuevos requisitos y realicen los ajustes necesarios en sus procesos y sistemas. Y, que solo sea un punto de partida a desarrollar mejor entendimiento del entorno y comportamiento de sus clientes; así como del impacto en su balance, con la oportunidad y confiabilidad requerida por la institución.

Por su parte, Luis Villalobos, especialista en Analítica de BD Consultores, partner de SAS en Guatemala, añadió que, en este sentido, “se vuelve relevante apoyarse en la tecnología idónea, que funcione como una plataforma modular y flexible que puede adaptarse a las necesidades específicas de cada área de riesgo y de la institución financiera. Ello para lograr una implementación más eficiente y efectiva. Otra característica importante que debe tener la tecnología es la capacidad para integrar datos de diferentes fuentes, incluyendo datos internos y externos, y que permita una visión más completa y precisa del riesgo. Además, del uso de técnicas avanzadas de análisis de datos, para identificar patrones y tendencias que pueden pasar desapercibidos para el ojo humano”.

Barrientos agregó que, este tipo de soluciones se deben apoyar, además, en las ventajas de la analítica e inteligencia artificial (IA) para poder recopilar y procesar los datos, construir modelos adicionales, y crear conocimiento complementario a sus analistas.

Soluciones tecnológicas

Añadió que, aunque la regulación determina los cálculos a realizar, los criterios a seguir y las consideraciones para las excepciones; es necesario que se contemplen soluciones que faciliten la implementación de la norma a futuro, sin dejar de insistir en el cabal cumplimiento del debido proceso, gobierno y los elementos de auditoría que deben ser considerados.

Por lo anterior y dada la competencia en esta industria, se requiere que esta tecnología cumpla criterios como permitir el desarrollo de varios procesos de forma paralela. Además, que habilite el desarrollo de un adecuado gobierno de proceso, y que facilite usar e impulsar un entorno colaborativo, en donde cada uno de los roles pueda aportar su expertis y funciones del proceso de reservas regulatoria.

Adicionalmente, la solución tecnológica que se utilice, debe dar seguridad, y resguardar el cálculo que se realizó durante el proceso. Ello para que permita garantizarle al regulador que nadie tiene la posibilidad de manipular el cálculo. Finalmente, Barrientos recomendó que la solución también sea flexible en cuanto a permitirle a la entidad financiera responder preguntas por parte del regulador; es decir, que tenga trazabilidad.

Una recomendación final por parte de Barrientos es que las entidades deben basarse y apoyarse en consultores que tengan la experiencia en implementaciones como la que conlleva la resolución JM-47-2022. Ello para que sea efectiva.

¿Qué es la

?

Barrientos, de SAS Latinoamérica, explicó que esta es una resolución que busca promover prácticas responsables y efectivas en el sector financiero. Con ello se pretende gestionar los riesgos crediticios y procurar la estabilidad del sistema financiero guatemalteco con las pautas internacionales.

Adicionalmente, en la resolución JM-47-2022, se establecen las herramientas y medidas específicas que las instituciones financieras deben implementar para gestionar el riesgo de crédito de manera efectiva y asegurar la salud financiera y solidez de la institución. Así pues, establece la directriz para complementar estos análisis y abre la posibilidad a nuevos escenarios con variables no contempladas en los estudios actuales.

Por ejemplo, identificación de cartera vencida y en riesgo de convertirse bajo algunos escenarios prospectivos. Además, la realización de pruebas de tensión y sensibilidad del riesgo de crédito. En este aspecto, estas simulaciones evaluarán cómo podrían responder a situaciones extremas, como una recesión económica, una caída del mercado inmobiliario o una crisis de liquidez y su correspondiente planteamiento de recuperación y los funcionarios involucrados en ello.

“Si una institución financiera no puede demostrar que está preparada para hacer frente a situaciones adversas, los reguladores pueden imponer sanciones o requerir cambios en las políticas y procedimientos de estas”, afirmó Villalobos.

Barrientos mencionó, además, que también la resolución busca fomentar una cultura de evaluación periódica de la eficacia de las políticas, procedimientos y sistemas de administración del riesgo del crédito. Ello para identificar mejoras y ajustes pertinentemente.