A pocos días de que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) asumiera formalmente la presidencia de México, su administración envió a la Cámara de Diputados su propuesta de Egresos de la Federación para 2019, la cual asciende a $5.6 billones de pesos, 321 millones más de la correspondiente a 2018, cuando se autorizaron cerca de $5.3 billones.
Esta considerable suma provendrá de las arcas del Estado, cuyos fondos se obtienen del pago de impuestos de personas físicas y morales, así como de la aplicación de políticas fiscales efectivas por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El presupuesto que se asignará se destina a la inversión en distintos rubros, entre los que destacan los de educación, salud, comunicaciones, obras públicas y gobierno.
No obstante, este organismo, al igual que sus equivalentes en otros países del mundo, se enfrenta a tres desafíos clave: insuficiencia recaudatoria, ineficacia en el gasto público y falta de transparencia fiscal.
De superarlos, los gobiernos serían capaces de elevar los ingresos de la federación y destinar más recursos a la inversión pública y el gasto social. Al mismo tiempo, combatirían efectivamente la evasión y el fraude, y establecerían los mecanismos para facilitar el cumplimiento tributario.
En su reporte “Panorama del uso de las tecnologías y soluciones digitales innovadoras en la política y la gestión fiscal”, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) afirma que la tecnología tiene el potencial de ayudar enfrentar dichos retos. Específicamente, según este organismo, las recientes innovaciones permiten superar las actuales limitaciones, reducir las barreras y los costos de acceso a información relevante, oportuna y confiable.
Por su parte, el Fondo Monetario Internacional calcula que las nuevas tecnologías incrementarían el cobro de impuestos indirectos hasta 2% del producto interno bruto (PIB) en todo el mundo en un año, incluso se gravaría sobre la riqueza que se oculta en los paraísos fiscales (aproximadamente 10% del PIB mundial).
Actualmente, el proceso de transformación gubernamental de un número cada vez mayor de naciones revela un aumento importante en la incorporación de herramienta de detección y prevención de fraudes, basada en analítica y procesamiento de datos.
Se observa, asimismo, la integración de la Inteligencia Artificial (IA) a los sistemas de administración tributaria, la cual automatiza el análisis de enormes volúmenes de datos para relacionar información a fin de identificar a los contribuyentes (cumplidores y evasores), los beneficiarios del gasto y detectar la informalidad.
Cabe destacar la inclusión de Blockchain, que se está empleando para elevar la transparencia fiscal, mediante el mejoramiento de la veracidad y acceso a datos económicos y financieros, así como para monitorear que las compras que hacen las entidades estatales se realicen cumpliendo con los procesos de licitación y transparencia establecidos.
Específicamente, la incorporación de soluciones de analítica avanzada, predicción, gestión de datos, seguridad, el Internet de las Cosas (IoT), Big Data, entre otras, está fortaleciendo la evolución de la inteligencia regulatoria, la cual no sólo contribuye a establecer los presupuestos federales, estatales y municipales, sino también a vigilar la efectividad de los gastos hechos en áreas estratégicas.
La inteligencia regulatoria también deja a los ciudadanos tener mucho más claro a qué iniciativas se destinan los impuestos que pagan. Específicamente, son de capaces evaluar la mejora de los servicios públicos que les proporciona el estado, el fortalecimiento de la infraestructura crítica, una rendición de cuentas clara, y programas sociales más efectivos.
Para el gobierno, las soluciones de analítica avanzada pueden ser la brújula que le indique cómo administrar esos $5.6 billones de pesos en los próximos 12 meses, y destinarlos a las necesidades prioritarias del país e impulsar su crecimiento. Click To Tweet