Cuenta la leyenda que en las ceremonias de coronación de los reyes muiscas (una tribu de indígenas aborígenes del interior colombiano) se les cubría por completo de oro. Los rumores de esta ceremonia llegaron a los conquistadores y desde entonces iniciaron la búsqueda de una ciudad entera pavimentada con oro, ciudad que nunca se encontró, así como tampoco a los reyes vestidos de oro. Es la leyenda de El Dorado, que da cuenta de la enorme producción de oro que Colombia ha tenido a través de su historia.
Hoy, las cifras oficiales hablan de una producción de 2,5 millones de onzas de oro al año en Colombia. Según Statista , Colombia ocupa el puesto 18 en el listado de los mayores productores de oro en el mundo con 50 millones de toneladas métricas al año. El cuarto en Latinoamérica, tan solo superado por México, Perú y Brasil.
Pero lo que históricamente ha sido una fuente de riqueza, también lo ha sido de problemas. En los últimos años, parte de la extracción y producción de oro ha estado ligada en algunos casos a actividades ilícitas como contrabando, narcotráfico y financiación de grupos terroristas. Gracias a la analítica ya la inteligencia artificial, el oro colombiano hoy busca un nuevo dorado, una nueva y completa legalidad.
El oro en el sandbox regulatorio
Conocer con certeza de dónde sale el oro que Colombia le vende al mundo es una misión que hasta hace muy poco tiempo parecía solo un deseo. La Agencia Nacional de Minería, el Ministerio de Minas, la Dian y la Fiscalía llevan años buscando darle solución a un problema estructural en el mercado del oro en Colombia: la trazabilidad de las operaciones.
Luego de varios intentos fallidos, la Agencia Nacional de Minería buscó ayuda en la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para realizar una plataforma que permitiera esa trazabilidad.
“Fue así como en marzo de 2021 comienza a andar lo que llamaron Sandbox regulatorio, un arenero de prueba en la que invitaron a participar a más de 7.000 personas entre mineros, comercializadores, sector financiero, academia, empresas de tecnología y las instituciones del Estado ”, relata una publicación periodística en El Colombiano , uno de los medios regionales más importantes del país.
Con las ideas de todo el objetivo público 35 empresas tecnológicas, agrupadas en 10 Operadores Tecnológicos de Trazabilidad de Minerales (OTTM), que se conforman en una especie de consorcio o de unión temporal, desarrollaron 10 plataformas para lograr la captura de datos transaccionales entre los productores y comercializadores, se explica.
Cada organización debe cumplir unos requisitos mínimos para que el dato sea aprobado por el gobierno, entre esos que se valide la identidad de las personas (mineros) contra la base de datos de la Registraduría a través de técnicas biométricas, de modo que se supriman las posibilidades de suplantación o de utilización de datos de personas muertas para las operaciones.
Además, deben sellar los documentos electrónicamente e integrar los sistemas de facturación electrónica de la Dian, para que el Gobierno cuente con información en tiempo real y se garanticen los pagos de los impuestos a los que haya lugar. Y, por último, consulte a las personas en listados de bases restrictivas como centrales de riesgo y la lista Clinton. Esto hace que el gobierno sepa en tiempo real quien vende y quien compra con un mayor grado de certeza, y puede a través de soluciones de avanzada analítica con inteligencia artificial cruzar la información de las diferentes fuentes, hacer inteligencia e incluso poder empezar a detectar y prevenir las actividades anómalas.
